| 3 de septiembre

Zárate, Puerto Belgrano y Ushuaia: La condena a agentes espía de la Armada demostró que se trataba de una actividad «sistemática y generalizada»

Hacían inteligencia de manera ilegal a dirigentes sociales, políticos, y periodistas desde la base Almirante Zar de Trelew. La investigación, que surgió de una denuncia del CELS, mostró que era una práctica "sistemática".

Hacían inteligencia de manera ilegal a dirigentes sociales, políticos, y periodistas desde la base Almirante Zar de Trelew. La investigación, que surgió de una denuncia del CELS, mostró que era una práctica "sistemática".
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas de seis meses a un año y medio de prisión en suspenso a un grupo de marinos, oficiales de la Armada, por el espionaje de manera ilegal a dirigentes sociales, políticos, periodistas y personajes públicos desde la base aeronaval Almirante Zar en Trelew.
 
El fallo fue dictado por la sala I del máximo tribunal penal al considerar que el personal de la Sección Inteligencia de la Fuerza Aeronaval N°3, a cargo del Centro de Inteligencia Principal del Comando de Operaciones Navales y de la Dirección de Inteligencia de la Armada, "cumplió habitualmente tareas de inteligencia prohibidas acerca de personas e instituciones del orden interno del país".
De esta forma quedó firme el fallo de un tribunal oral de Comodoro Rivadavia, aunque los camaristas rechazaron un planteo del fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, quien pedía revocar la absolución de uno de los juzgados.
Casación consideró que los "integrantes y autoridades inmediatas" de la fuerza "tuvieron plena conciencia" de lo que se hacía.
Se trata de la causa iniciada en 2006 por una denuncia del CELS en la que también está procesado el ex jefe de la Armada Jorge Godoy, aunque irá a juicio oral en un proceso separado, según recordaron fuentes judiciales consultadas.
"Los miembros de la Armada -aquí condenados- no sólo colectaron material que no tenía entidad para ser catalogada como 'información de inteligencia militar válida' (partes informativos o mensajes que se tuvieron a la vista); sino que tampoco se encontraban facultados a realizar tareas de inteligencia o contrainteligencia en el interior de la República", dice el fallo.
"Dichas actividades estaban expresamente prohibidas, es decir, eran impropias o equivocadas e incompatibles con la actividad legal de Inteligencia Militar de una Fuerza Armada", agrega.
Según el fallo, los acusados observaban "personalidades públicas y asociaciones civiles locales" , además de ir a "actos recordatorios, de los que luego se hacían evaluaciones y se elevaban a estamentos superiores".
Las evaluaciones "se enmarcaban en informar las actividades lícitas de los habitantes y política interna del país, es decir tareas de inteligencia interna".
La ley 23.554 prohíbe a las Fuerzas Armadas de la República Argentina la realización de tareas de inteligencia tomando como hipótesis de trabajo cuestiones vinculadas a la política interna del país (art. 15), sostuvo  Casación en el fallo.
"Y por su parte la ley 24.059, excluyó de los organismos que forman parte del sistema de seguridad interior a las fuerzas armadas", agregó el fallo.
Los camaristas Ana María Figueroa, Raúl Madueño y Luis María Cabral ratificaron además que todos los marinos, pese a haber pasado a situación de retiro, deberán hacer un curso de derechos humanos.
La Cámara ratificó trece condenas que fueron de seis meses a un año y medio de prisión en suspenso. La causa se había iniciado en 2006 con una denuncia del CELS, el organismo al que acudió el cabo Carlos Ariel Alegre luego de sufrir presiones por haberse negado a realizar tareas de espionaje ilegal en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Trelew.
 
El entonces juez federal Jorge Pfeger allanó esa oficina y secuestró numerosa documentación que demostraba el espionaje ilegal realizado al menos entre el 2004 y el 2006.
Las prácticas ilícitas incluían seguimientos, informes y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, políticos, funcionarios gubernamentales, comunidades indígenas y activistas sociales. La investigación fue extendida a otras dependencias del país, como las bases navales de Puerto Belgrano, Zárate y Ushuaia, demostró que se trataba de una actividad "sistemática y generalizada" en toda la fuerza, tal como venía denunciando el Cels.
 
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