La presentación sobre la salida de YPF de Tierra del Fuego se realizó este jueves desde las 13 en la Legislatura provincial, en el marco de una reunión de comisión que dejó más preguntas que certezas. Sin presencia física de directivos de la petrolera y con una exposición remota desde Buenos Aires atravesada por reiteradas fallas de audio y video, el debate avanzó en un clima marcado por ausencias, dificultades técnicas y definiciones de fuerte impacto fiscal.
La conexión fue tan deficiente que, en varios tramos, se solicitó a los presentes desconectarse del sistema para intentar recuperar claridad en la transmisión. La escena, lejos de ser un detalle menor, terminó condicionando una discusión sensible para la provincia, que deberá asumir el esquema energético tras el retiro de la compañía.
En ese contexto, se ratificó uno de los datos centrales del debate: la operatoria de YPF en Tierra del Fuego presenta un déficit anual cercano a los 80 millones de dólares, una situación que —según se expuso— se arrastra desde al menos 2018. La confirmación llegó de boca de la ministro de Obras Públicas y Servicios, Gabriela Castillo, quien además integra y representa a la provincia en el directorio de Terra Ignis Energía S.A., la empresa estatal que quedará al frente del sistema.
La ausencia de representantes de Terra Ignis en la sala también llamó la atención. Más allá de la participación de la ministro, no hubo exposición directa de quienes deberán gestionar el esquema en el futuro, en una discusión que involucra recursos, empleo y sostenibilidad productiva.
Durante la presentación se detalló el estado de los yacimientos: 273 pozos continúan en producción, mientras que otros 330 se encuentran en análisis o en proceso de abandono. El cuadro refleja el grado de agotamiento de los campos, con una estructura cada vez más costosa y una productividad en retroceso.
Respecto del escenario que se proyecta tras la salida de YPF, se indicó que el déficit anual podría reducirse aproximadamente a la mitad con el reordenamiento previsto, lo que implicaría un costo cercano a los 3 millones de dólares mensuales. Sin embargo, desde la propia exposición se aclaró que el impacto fiscal positivo sería limitado y que el alivio no superaría el 10%, siempre atado a los niveles de producción que puedan sostenerse.
Según se explicó, una eventual mejora en las cuentas recién podría empezar a visibilizarse hacia marzo, siempre que se cumplan las estimaciones planteadas, un supuesto que no estuvo exento de dudas entre los legisladores.
En paralelo, se puso sobre la mesa la situación de unos 500 trabajadores, con salarios que superan los 5 millones de pesos mensuales según funciones y categorías. La continuidad laboral aparece como uno de los principales argumentos del Ejecutivo para avanzar con la aprobación del esquema, aun cuando implica sostener una estructura que viene operando con pérdidas significativas.
En el plano parlamentario, el proyecto no logró dictamen en comisión. A pesar de ello, podría ser llevado al recinto este lunes 22 a las 17 para su tratamiento sobre tablas, al igual que la ampliación del ejido urbano, que se encuentra en una situación similar. En el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para avanzar.
El debate, de fondo, trasciende el trámite legislativo. Lo que está en discusión no es solo la salida de YPF, sino el costo económico y productivo de sostener un sistema energético basado en campos maduros, pozos improductivos y un margen de mejora acotado, en un escenario donde las decisiones se aceleran mientras los números siguen en rojo.