El presidente del Bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Gil Lavedra¸ y el diputado nacional de la misma fuerza, Manuel Garrido, se refirieron a las nuevas revelaciones sobre la trama de corrupción que rodea a la licitación de las represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepenic, en Santa Cruz. Dichas revelaciones apuntan que Jorge Omar Chueco, un abogado acusado de lavar fondos a través de la financiera SGI (alias, La Rosadita), fue síndico de una empresa fundada en 2003 para el tendido de redes de transporte de electricidad, que se adjudicó la mayor parte de las nuevas redes que se hicieron en el país. Y el fundador fue Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, empresa que acaba de adjudicarse la construcción de las represas.
“La licitación desde el inicio hasta el final fue un desastre absoluto, llena de puntos oscuros, aprietes e irregularidades destinadas a favorecer a amigos del Gobierno”, señalaron Gil Lavedra y Garrido, que denunciaron la semana pasada al secretario Legal y Técnico de Presidencia, Carlos Zannini, al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, entre otros funcionarios, por abuso de autoridad permitiendo ilegalidades durante el proceso de licitación y por negociaciones incompatibles de funcionarios.
“Como si todo ese manto de corrupción e irregularidades no fuera ya suficiente, ahora se le agrega esto: conexiones claras con el lavado de dinero. Que Chueco, acusado de lavar a través de la ‘Rosadita’, sea síndico de dos empresas en las que participa Ferreyra, muestra otra hilacha de la enorme trama de corrupción en la que se transformó nuestro Estado en los últimos diez años”, destacaron los diputados.
“El que se existan indicios tan claros de que dinero proveniente de obras públicas se lave es más que una vergüenza”, sostuvieron Gil Lavedra y Garrido. “No sólo porque destruye al Estado y perjudica a la sociedad entera, sino porque es de unahipocresía absoluta. Porque los mismos que permiten y alientan ese lavado desde el poder son los que después se erigen en paladines de la transparencia, y organizan periódicos blanqueos de capitales y modificaciones nefastas a las declaraciones juradas. Además de sostener que la ‘transparencia del proceso‘ es pasar por televisión los trámites que ya fueron previamente arreglados en sus negociados”.
“Estas relevaciones deben ser investigadas a la par que lo sucedido en la licitación de las represas. Por eso, el lunes ampliaremos la denuncia que hicimos la semana pasada”, concluyeron Gil Lavedra y Garrido.