Dr. Jorge A. Giménez* Argentina enfrenta una verdad estructural: el sistema de salud ya no resiste. El Programa Médico Obligatorio (PMO), concebido para garantizar acceso integral a prestaciones médicas esenciales, se ha transformado en una estructura sobredimensionada y financieramente inviable. Las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el propio Estado lidian con una presión creciente: el dinero no alcanza para sostener todo, a todos, de forma indefinida.
La discusión ya se encuentra en curso en esferas técnicas de alto nivel y trasciende la coyuntura política. No se trata de reducir derechos, sino de repensar prioridades. ¿Debe el PMO seguir incluyendo, sin distinción, tanto una consulta de psicoterapia ambulatoria sin urgencia como un trasplante de médula ósea? ¿Debemos distribuir los recursos sanitarios de igual modo para lo preventivo, lo rutinario y lo gravemente urgente?
La realidad es que los sistemas de salud —en Argentina y en el mundo— deben tomar decisiones. Y no decidir, también es una forma de abandono.
El precio de los medicamentos: la distorsión como norma
Uno de los factores más críticos del desfinanciamiento es el costo de los medicamentos. En Argentina, los precios superan largamente los de países con mayores ingresos per cápita. El Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR) relevó que el Omeprazol cuesta en Argentina un 680% más que en España, mientras que el Bisoprolol supera en más de 1.000% su precio europeo.
El Observatorio de Costos de la Salud de la Unión Argentina de Salud (UAS) reveló cifras similares:
• La Metformina cuesta $34.517 en Argentina, frente a 2,90 euros (alrededor de
$4.350) en España.
• El Diclofenac 75 se consigue localmente por $20.455, mientras que en España cuesta apenas 2,50 euros (unos $3.750).
La distorsión es tan evidente como alarmante: entre agosto de 2023 y agosto de 2024 se vendieron 9 millones menos de unidades de medicamentos, pero la facturación de laboratorios creció un 332%, superando los 3.000 millones de dólares. Una ecuación que solo cierra para quienes cobran, no para quienes necesitan.
El precedente de EE. UU.: la cláusula de la Nación Más Favorecida aplicada a la salud
El debate no es solo argentino. El 12 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva titulada “Delivering Most-Favored-Nation Prescription Drug Pricing to American Patients”. La medida establece que ningún medicamento podrá venderse en Estados Unidos a un precio superior al más bajo ofrecido en otro país desarrollado.
Se trata de una adaptación directa del principio de la Nación Más Favorecida, consagrado en la Organización Mundial del Comercio (OMC): si un país otorga un beneficio comercial (por ejemplo, un arancel preferencial), debe extender ese mismo trato a los demás miembros. Trump lo trasladó al terreno de la salud: si le vendés más barato a otro país, me lo vendés igual a mí.
El impacto de esta política aún está por medirse, pero su dirección es clara: frenar la especulación y forzar una mayor transparencia en la fijación de precios. ¿Por qué Argentina no puede exigir lo mismo? ¿Por qué toleramos que los medicamentos cuesten aquí varias veces más que en países vecinos o europeos?
Rediseñar el sistema: entre la urgencia y la dignidad
El sistema de salud argentino necesita cirugía mayor. La prioridad debe estar puesta en asegurar el acceso a quienes lo necesitan con urgencia vital y en condiciones de alta complejidad. Esto no implica desatender lo preventivo, lo ambulatorio o lo crónico, pero sí reorganizar recursos limitados bajo un criterio de gravedad, equidad y sostenibilidad.
Lo que está en juego no es solo la viabilidad económica del sistema, sino su legitimidad ética. Un modelo de salud que intenta cubrirlo todo, sin diferenciar entre lo urgente y lo postergable, termina no cubriendo lo esencial. La verdadera justicia sanitaria no se mide por la extensión de las prestaciones, sino por la capacidad de garantizar —con eficacia y equidad— aquello que salva vidas. Llegó el momento de abandonar las ficciones administrativas y afrontar con coraje la pregunta que ya no puede esquivarse: ¿qué estamos dispuestos a priorizar… y qué estamos dispuestos a sostener?
*El autor de la nota es Abogado, Especialista en Derecho Comercial y Coordinador Jurídico de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)