Diego Gabriel Encinas* Hay leyes que se presentan como “técnicas”, como si fueran meros ajustes de engranajes y sin embargo funcionan como pedagogías morales, enseñan qué importa, qué se tolera, qué se considera “normal”, y por eso, cuando una reforma laboral desplaza el eje de la protección hacia la “flexibilidad” del capital, no sólo cambia artículos, cambia el sentido social de la dignidad, porque lo que se sanciona como norma termina modelando lo que la sociedad acepta como destino. En ese plano más profundo la pregunta no es únicamente cuánto paga una indemnización o cómo se computa una jornada, la pregunta es qué tipo de humanidad se vuelve posible cuando el derecho, que debería humanizar la economía, pasa a economizar la vida y, en esto, la norma deja de ser un mero texto para volverse una práctica de formación de subjetividades.
La tradición histórica del derecho laboral nació para invertir una desigualdad estructural, el trabajador vende su fuerza de trabajo, pero no vende una cosa, vende tiempo vital, salud, atención, cuerpo, futuro, y por lo tanto la idea fundante es que el trabajo humano no puede tratarse como mercancía indiferente. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo formula con crudeza y claridad en la Declaración de Filadelfia que el trabajo no es una mercancía y que el bienestar material y espiritual debe perseguirse con libertad, dignidad y seguridad económica. Esa frase, que parece abstracta, es un límite civilizatorio, porque si la ley se organiza para que el despido sea más administrable, la protesta más inocua y la presunción laboral más débil, el mensaje práctico es que ese límite se corre, que la vida se vuelve negociable al ritmo del mercado.
Este corrimiento se puede describir como una intensificación de la “mercantilización” de la existencia. Karl Polanyi lo pensó como un peligro estructural, cuando una sociedad convierte en “mercancías ficticias” aquello que no fue producido para venderse (el trabajo, la tierra, el dinero), se desata una presión que desorganiza la vida social, porque fuerza a los vínculos humanos a obedecer la lógica del precio. Ese diagnóstico no es poesía, es una forma de explicar por qué la precarización no es sólo un problema individual sino una arquitectura que multiplica inseguridad, porque la precariedad, cuando se vuelve norma jurídica, no sólo afecta ingresos, también afecta la subjetividad, instala miedo, competencia entre pares, silencio, resignación. La obediencia ya no necesita policía, se produce por inestabilidad, y una sociedad que normaliza la inestabilidad como condición laboral termina produciendo un tipo humano “adaptativo”, siempre disponible, siempre reemplazable, siempre culpable de no “ser competitivo”.
Ahí aparece el núcleo importante: cuando la ley enseña que la vida vale menos que el mercado, lo que enseña es que el trabajador debe vivir como variable de ajuste. La variable de ajuste es una idea fría, pero su traducción es concreta, si el mercado “no da”, se reducen salarios reales, se flexibiliza la jornada, se abarata el despido, se restringe el conflicto colectivo, se fragmenta la negociación, y por lo tanto el riesgo se desplaza desde la empresa hacia el hogar. Y cuando el riesgo entra al hogar, entra como angustia material, alquiler, comida, remedios, transporte, cuidado de niños, el cuerpo se vuelve contabilidad, la vida se mide en horas disponibles, en productividad, en costos.
Proyección económica y la cadena social de la precarización.
Si miramos el fenómeno con un lente económico serio, sin slogans, la precarización tiene canales bastante previsibles. El primero es el ingreso laboral, la OIT muestra que, aun cuando en algunos contextos recientes el crecimiento salarial real global se recuperó, existen países y subregiones donde los salarios reales permanecen estancados o incluso con retrocesos en años recientes y enfatiza la centralidad del salario real para la desigualdad y el bienestar. En paralelo, la UNCTAD advierte un escenario global de crecimiento débil y tensiones macroeconómicas persistentes, con impactos distributivos y de demanda agregada, y esto importa porque una reforma que reduce poder de negociación, que hace menos efectiva la huelga y que fragmenta la negociación por empresa tiende, por lógica de mercado de trabajo, a presionar hacia abajo la capacidad de los salarios de seguir a la productividad o incluso de defenderse frente a la inflación. No es un automatismo mecánico, pero es un riesgo plausible, cuando el poder colectivo se achica, el salario se vuelve más “tomador” que “formador”.
El segundo canal es la estabilidad del empleo. Si el despido se abarata y si se crean instrumentos que vuelven la extinción más “administrable”, la rotación laboral puede aumentar y, con ella, se amplían los períodos de desempleo, subempleo o informalidad, al tiempo que la rotación puede ser rentable para la empresa, pero es costosa para el trabajador porque interrumpe aportes, debilita trayectorias, baja el poder de compra y vuelve más probable caer bajo umbrales de pobreza.
Ahí entra el tercer canal, que es decisivo: pobreza e indigencia no son metáforas, se miden por líneas de ingreso asociadas a canastas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) explica la metodología de “línea” para pobreza e indigencia: indigencia es no alcanzar la canasta básica alimentaria, en tanto que pobreza es no alcanzar la canasta total que incluye bienes y servicios básicos, y por lo tanto si una reforma empuja a la baja la masa salarial real (por menor poder de negociación) y aumenta la inestabilidad (por mayor rotación), el resultado macro social esperable es un aumento de la probabilidad de que hogares asalariados queden por debajo de esas líneas, sobre todo en familias con niños o con gastos fijos altos (alquiler, medicamentos), porque el salario deja de ser “seguro” y pasa a ser “contingente”. La pobreza no aumenta sólo por desempleo, aumenta también por trabajo mal pago e inestable, es decir, por el crecimiento del trabajador pobre.
El cuarto canal es el mercado interno y la soberanía económica. Una economía con salarios debilitados tiene consumo más frágil. El consumo sostiene comercio, pymes, servicios, producción local y, por lo tanto, si el ingreso popular se contrae o se vuelve errático, se debilita el mercado interno y crece la dependencia de sectores concentrados, exportadores o financieros. Eso no es un juicio moral, es estructura y, en países periféricos, cuando se debilita el salario como institución, se debilita también la capacidad de sostener un proyecto de desarrollo integrado, porque se reduce la densidad de la demanda doméstica y se expanden formas de acumulación que viven mejor con salarios bajos. La soberanía, entonces, no es sólo una bandera, es la capacidad de una sociedad de decidir sin extorsión económica, y una población precarizada decide con miedo, y el miedo es un mecanismo de gobierno más eficiente que cualquier propaganda.
El quinto canal es la cohesión social. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) describe para la región una “trampa” de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión, un patrón estructural que perpetúa crisis de desarrollo y erosiona el vínculo social, y por lo tanto una reforma que erosiona derechos laborales en un contexto regional de desigualdad persistente no opera en el vacío, puede profundizar esa trampa. Y cuando la cohesión se rompe lo que se expande no es sólo pobreza, se expande la desconfianza, la violencia cotidiana, el sálvese quien pueda, porque la precarización es también una fábrica de fragmentación social.
De ciudadanos a “recursos humanos” y la inversión antropológica.
Hay una dimensión aún más radical: el derecho laboral, en el fondo, es una institución de reconocimiento, logrando que el trabajador sea ciudadano y no un instrumento. Cuando se debilitan presunciones que facilitan probar la relación laboral, cuando se reduce responsabilidad solidaria en tercerizaciones, cuando se estrecha el derecho de huelga mediante umbrales tan altos que vuelven casi inocua la medida, cuando las asambleas quedan condicionadas o penalizadas económicamente, la sociedad aprende una lección, que lo colectivo es sospechoso y que la vida debe adaptarse a la empresa, no la empresa a la vida, y esa es la inversión antropológica.
Esto produce “desmoralización” de la clase trabajadora, no en el sentido psicológico individual, sino como erosión de la moral colectiva, de la confianza en que organizarse sirve. Si la huelga pierde eficacia, si la asamblea se encarece, si la negociación se fragmenta por empresa, la organización se vuelve más difícil y más costosa y cuando la organización se vuelve costosa el conflicto se individualiza. El trabajador deja de decir “nosotros” y empieza a decir “yo”, no por convicción, sino por supervivencia, y ese pasaje del nosotros al yo es uno de los mecanismos más profundos de deshumanización, porque el ser humano no se sostiene sólo con ingreso, se sostiene con vínculos, con reconocimiento, con comunidad. Una vida precarizada no es sólo una vida pobre, es una vida más sola.
La pregunta última es qué se entiende por progreso. Si progreso es “facilitar” la contratación a costa de desproteger al trabajador, entonces el progreso se vuelve sinónimo de retorno a un orden donde la fuerza manda. En cambio, el progreso humanista del constitucionalismo social fue otro, hacer que el mercado obedezca límites éticos, que la economía sea medio y no fin, que el trabajo sea espacio de dignidad y no de humillación.
Por eso, cuando una ley enseña que la vida vale menos que el mercado, lo que enseña es una ontología, que la realidad decisiva es el precio y no la persona, y una sociedad que acepta esa ontología termina convirtiendo la miseria en paisaje. No hace falta que la ley diga “sean miserables”, basta con que quite herramientas de defensa, la miseria se produce como resultado.
*El autor es Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).