La Prefectura Naval Argentina (PNA) resolvió retirar la certificación de seguridad portuaria del Puerto de Ushuaia, luego de una auditoría de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que detectó desvíos administrativos y falencias en materia de seguridad. La notificación formal fue realizada este sábado al presidente del ente portuario, Roberto Murcia, dejando a la única terminal marítima de la ciudad sin el aval de la autoridad marítima nacional.
La auditoría de ANPYN se llevó a cabo los días 30 de septiembre y 1 de octubre y expuso un cuadro preocupante en la gestión del puerto. La certificación retirada por la Prefectura es la que acredita el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y protección portuaria, condición indispensable para sostener la operatoria comercial, turística y logística, en particular en el circuito de cruceros y buques de gran porte.
Entre las observaciones centrales se señalaron deficiencias en los protocolos de seguridad, fallas en los sistemas de control de accesos y debilidades administrativas, comprometiendo la protección integral de la instalación. Pese a la gravedad de los señalamientos, la conducción del puerto nunca respondió en tiempo y forma a las observaciones de la agencia nacional, profundizando la inacción frente a un proceso de auditoría clave.
Lejos de corregir el rumbo, desde la fecha de la auditoría y hasta este sábado se avanzó con el pase a planta permanente de casi 14 personas, una decisión que contrasta con la ausencia de respuestas técnicas y administrativas ante los organismos nacionales. La secuencia refuerza los cuestionamientos sobre las prioridades de gestión y el manejo institucional del ente portuario.
Murcia llegó a la presidencia del Puerto de Ushuaia por impulso directo de la vicegobernadora Mónica Urquiza, en el marco de un acuerdo político negociado con el gobernador Gustavo Melella. Murcia responde a Urquiza, quien articula con el Ejecutivo provincial dentro de un entramado de lealtades políticas que hoy queda expuesto por los resultados de la gestión.
La decisión de la Prefectura no es un hecho aislado. La quita de la certificación de seguridad constituye el primer paso hacia una eventual intervención administrativa del puerto, y no se descarta una instancia operativa si las falencias persisten o se agravan. Si bien la medida no implica de manera inmediata la paralización de la operatoria, sí golpea de lleno el prestigio internacional del Puerto de Ushuaia, un factor clave en la competencia regional.
El deterioro de la imagen del puerto abre un riesgo concreto: que embarcaciones y operadores internacionales opten por derivar sus operaciones a Punta Arenas, afectando la actividad local y el posicionamiento estratégico de Ushuaia como nodo marítimo del Atlántico Sur y puerta de entrada a la Antártida.
La retirada de la certificación de seguridad por parte de la Prefectura deja así al descubierto una cadena de decisiones políticas y administrativas que desembocaron en un escenario crítico, con consecuencias que exceden lo institucional y proyectan impacto sobre la economía regional y el sistema portuario fueguino.