| 22 de abril

El “sube y baja” de las políticas ambientales de Ushuaia

En este Día de la Tierra es inevitable hacer referencias a la situación de la ciudad de Ushuaia, cuya historia socioeconómica y su vinculación a la configuración del espacio territorial urbano y suburbano se encuentran íntimamente ligados a la problemática ambiental. Si bien la relación se tornó problemática a partir del crecimiento poblacional que se dio luego del régimen de promoción industrial y los beneficios por exenciones impositivas a partir de los años 60 y 70; desde algunas décadas ante

En este Día de la Tierra es inevitable hacer referencias a la situación de la ciudad de Ushuaia, cuya historia socioeconómica y su vinculación a la configuración del espacio territorial urbano y suburbano se encuentran íntimamente ligados a la problemática ambiental. Si bien la relación se tornó problemática a partir del crecimiento poblacional que se dio luego del régimen de promoción industrial y los beneficios por exenciones impositivas a partir de los años 60 y 70; desde algunas décadas antes Ushuaia se vio envuelta en episodios que hoy sin duda serían catalogados de catastróficos, como son exactamente los incendios forestales.
Sin embargo, fue con la explosión demográfica y urbanística que la problemática relación entre el ser humano y el ambiente se generalizó. Si bien las primeras ordenanzas del Concejo Deliberante de Ushuaia (consideradas así por el Digesto Municipal) datan de 1973, algunos de los primeros códigos de planeamiento urbano, sobre todo en todo lo tocante a la zonificación de actividades comerciales y la creciente relevancia de los denominados “Barrios de Tránsito y Espera”, recién verían la luz en los años 80, cuando el problema se había agravado como consecuencia de ser precisamente esa década la de mayor ocupación de empleo industrial y lógico incremento de los movimientos migratorios hacia Tierra del Fuego y, en este caso, Ushuaia. Es en estos años que podemos encontrar el origen de algunas de las urbanizaciones que de a poco han ido regularizándose con los años y consolidando su infraestructura, tanto en materia de servicios básicos como así también en valorización mediante obras de cordón cuneta y asfalto.
Con el devenir de la década de los 90, la Ley de Convertibilidad que sobrevaluó el peso argentino y generó un inexorable proceso de cierre de industrias por la imposibilidad de competir frente a los bienes importados; Ushuaia vio en la actividad turística una oportunidad que venía asomándose con la llegada de turistas de los mercados de mayor poder adquisitivo y un nivel de exigencia que hacia esos años nuestra ciudad lograba satisfacer. Los cruceros turísticos que tomaban a Ushuaia como la última escala en sus excursiones por los fiordos chilenos y la región antártica y subantártica, dieron a esta zona un impulso traducido, por un lado, en una entrada de capitales y un posicionamiento de la ciudad en el mercado turístico; y, por el otro, una mayor preocupación de parte de las autoridades provinciales y municipales por implementar políticas públicas de mediano y largo alcance en forma coordinada para lograr un saneamiento ambiental que era ya evidente en algunas zonas que habían sufrido el deterioro asociado a la falta de planificación. En 2000, a poco de iniciarse la segunda gestión de Jorge Garramuño al frente de la Intendencia, se sanciona el Código de Planeamiento Urbano, Ordenanza que congrega no sólo el trabajo participativo e interdisciplinario de vastos actores sociales, económicos, políticos e institucionales, sino que también aporta al marco normativo perspectivas que no habían sido tenidas en cuenta en los anteriores diseños de políticas urbanísticas. Posteriormente, la sanción de la Carta Orgánica Municipal (una de las más modernas del país en términos de implementación de políticas de garantías de derechos difusos y colectivos o por la inclusión de consejos participativos consultivos no vinculantes para la definición de lineamientos de políticas sociales de juventud, tercera edad, entre otros), significó también la adecuación al ideal normativo de una realidad que podía ser todavía modificada a través de una visión interdisciplinaria que pudiera focalizar los problemas que se avecinaban en ciertos aspectos de la ciudad del siglo XXI.
Fue así que el siglo XXI llegó, los festejos dieron paso a la vida cotidiana de una Argentina que en 2001 tocaría fondo en la peor crisis social, política, económica e institucional de su historia, y en Tierra del Fuego las repercusiones se veían en el mayor aumento de los índices de pobreza e indigencia de todo el país y un aumento de la problemática social con un aparato del Estado dispuesto a hacer frente de manera represiva y no constructiva las demandas de la sociedad. Episodios de usurpación de terrenos fiscales en zonas altas de la ciudad, ocupación en barrios que no contenían los más elementales principios de seguridad en esa época (como el barrio La Bolsita construido encima de un gasoducto) se fueron sucediendo a partir de denuncias anónimas y el agravamiento de la ocupación en zonas históricamente ligadas a la ocupación con fines productivos mediante títulos de propiedad precarios expedidos por el gobierno territorial o sectores de alto poder adquisitivo de la sociedad ushuaiense; fueron configurando el panorama que prácticamente hasta hoy, trece años después de haber ingresado en siglo XXI, se mantiene bajo diversos matices.
Es evidente que si de algo careció la gestión de Garramuño al frente de la Intendencia de Ushuaia, fue de visión de futuro en materia de políticas que pudieran afrontar problemas estructurales como el de la tierra –de hecho hizo lo contrario al cerrar el registro de demanda habitacional-, en beneficio de las políticas “vistosas”, como es el asfalto y el cordón cuneta. Hoy puede decirse que se ha encarado de un modo distinto el problema, existen intenciones de parte de la Municipalidad y del Gobierno provincial por generar un trabajo conjunto que permita el otorgamiento de soluciones habitacionales. Sin embargo, zonas como los barrios altos donde se ha dañado en forma irreversible la masa boscosa, no tienen aun diseñado un plan que permita conexiones de servicios básicos para minimizar el impacto ambiental ya existente, además de estar en un “limbo jurídico”, puesto que siendo asentamientos irregulares no pueden acceder a los diseños que un Código de Planeamiento les darían, pero tampoco son trasladados a otros barrios donde sí puedan gozar de los límites y garantías establecidas por la ley. Sí, a mediano plazo, no podemos menos que aplaudir que se estén elaborando los proyectos para la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de residuos cloacales, uno de los grandes problemas que tiene la ciudad a raíz del deficiente funcionamiento de los dispersores marítimos, en una región donde la preservación de la flora y fauna costera ha ocupado espacios de relevancia en la agenda ambiental municipal a partir del compromiso de la Municipalidad y el Concejo Deliberante a través de la Comisión Asesora del Plan de Manejo Costero, la recuperación de espacios que habían sido abandonados al azar y la protección de la Reserva Natural Bahía Encerrada, entre otras medidas.
Si una conclusión podemos extraer de la evolución de la idea generalizada del funcionariado público respecto al problema de desarrollo sostenible, es que existe una conciencia sobre la irreversibilidad de llevar a cabo progresiva pero firmemente ciertos cambios en las políticas públicas a desarrollar, priorizando la interdisciplinariedad, un enfoque múltiple que pueda ampliar el campo de visión a considerar. Que el impacto sea reversible en algunas áreas no debe significar un descuido de otros aspectos que quedan pendientes. Cuando se trata del propio espacio en que vivimos, optimizar los recursos para las obras estructurales en perjuicio de los egoístas intereses políticos, partidarios, sectoriales e individuales, no sólo es ideal, sino que es lo correcto para defender los intereses del bien común largamente predicados.
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