Los directores activos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y de la Caja de Previsión Social, Adriana Soria y Norma González, respectivamente, presentaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Autarquía, Participación Democrática e Integridad Institucional en la Obra Social del Estado Fueguino”, mediante el cual busca devolverle a la obra social su capacidad de autogestión y garantizar que los trabajadores tengan una incidencia real en las decisiones.
El asunto fue presentado ante la Legislatura de la Provincia, para que sea analizado en la Comisión de Salud y Previsión Social.
En la iniciativa se busca ejecutar el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 16 de la Constitución Provincial, que garantizan el derecho de los beneficiarios a administrar sus instituciones de seguridad social.
Los ejes centrales del proyecto son los siguientes:
-se elimina la figura del vicepresidente designado por el Poder Ejecutivo para terminar con el desequilibrio estructural actual;
-el nuevo directorio estará compuesto por un presidente (designado por el Ejecutivo) y dos vocales electos por voto directo (uno por el sector activo y uno por el sector pasivo), buscando garantizar un equilibrio en el Directorio y evita la mayoría automática que tiene en la actualidad el Gobierno de la Provincia, garantizando que las vocalías de los trabajadores deje de ser una minoría;
-el presupuesto de la OSEF será tratado y aprobado por una ley específica e independiente al presupuesto general de la provincia, evitando que sus recursos sean condicionados por las prioridades fiscales del Poder Ejecutivo o el Ministerio de Economía;
-se establece la transferencia automática de aportes y contribuciones en un plazo de 5 días hábiles. Se termina la discrecionalidad: si el Estado provincial, municipios o entes no pagan, se generan intereses automáticos y facultará al directorio a iniciar acciones judiciales directas sin necesidad de agotar instancias administrativas ni depender de la fiscalía de Estado;
-se incorporan mecanismos de control democrático como la publicación trimestral detallada de la ejecución presupuestaria y contratos, además de la realización de audiencias públicas anuales; y
-para intervenir la obra social se requerirá una mayoría agravada de dos tercios de la Legislatura y se deberá garantizar la continuidad de los vocales electos en un Consejo Consultivo.