Una investigación realizada por el fiscal del Estado, Virgilio Martínez de Sucre, desnudó la violencia que se vive en las escuelas y las medidas que se adoptaron para hacer frente a este fenómeno social que se extiende por todo el país y del cual Tierra del Fuego no está exenta. El informe se conoció a través de la Resolución 17/26 publicada en marzo pasado tras una denuncia que indicaba que se habrían producido hechos de violencia que alcanzaron a docentes de nivel técnico, a directivos y auxiliares, tanto dentro como fuera del horario laboral, sin que el Estado provincial brindara condiciones de trabajo seguras al personal docente.
De esta manera, el Fiscal indagó sobre las medidas de protección y prevención de la violencia hacia los docentes en el ámbito educativo de la Provincia de Tierra del Fuego y abordó la problemática de manera integral, analizando el cumplimiento del conjunto de leyes destinadas a regular la convivencia escolar entre todos los actores que intervienen en ese espacio.
El informe confeccionado por el Equipo Psicosocial de la Dirección Provincial de Atención al Docente (DPAD) a pedido de la Fiscalía, confirmó que el año pasado ocurrieron diversas agresiones en el ámbito educativo, destacándose un «notable ‘incremento extraordinario» de casos en la provincia.
Específicamente, se detalló el abordaje y seguimiento de 7 sucesos de violencia por parte de estudiantes a docentes en Ushuaia; 4 de familiares de alumnos agrediendo a docentes en Ushuaia y Río Grande; unoentre docentes en Ushuaia y otros 8 calificados como violencia de género, acoso escolar a crisis emocionales derivadas del clima institucional.
El informe caracteriza estos eventos como «situaciones límite» que no serían esperables y para las que el personal no estaría preparado, reportándose intimidación física y verbal, amenazas y hostigamientos -que ocurren tanto dentro como fuera del horario laboral- e irrupción en el espacio escolar por parte de padres o tutores, quienes ingresan a los establecimientos alterando la dinámica institucional para agredir.
La cartera educativa sostuvo que se hizo frente a cada situación reportada, que se articularon intervenciones inmediatas destinadas a contener a los afectados y restablecer las condiciones normales de trabajo. Además, dice que, el día 17/11/2025, desde la Secretaría de Gestión Educativa se implementó un protocolo provisorio a fin de paliar los casos de violencia, incluso, afirma, se fijó un cronograma de trabajo hasta el año 2027, lo cual da una señal de abordaje de la problemática que intenta ser estable y dar previsibilidad.
A partir de ello, el Ministerio sostiene que habría cumplido con su deber de diligencia mediante procedimientos de seguridad, con la articulación del mentado «Protocolo Provisorio de Ingreso, Permanencia y Egreso», que impone el cierre de puertas y el control estricto de personas ajenas a las instituciones.
Agrega, además, que se incorporaron psicólogas adicionales al Equipo Psicosocial de la DPAD para atender el incremento de la demanda, y que se ha sostenido asistencia psicológica permanente para, aproximadamente, 30 docentes agredidos.
Finalmente, anuncia la institucionalización del diálogo como método para canalizar el conflicto, mediante la creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad y la realización de “Ateneos de Convivencia» para analizar casos complejos.
Dos problemas diferentes
El Fiscal distinguió en este planteo dos problemas de fondo: Uno que afecta tanto la integridad física y el bienestar de los docentes, a través de amenazas, hechos de vandalismo, agresiones, etc., como al clima educativo general, y que no es nuevo ni exclusivo de Tierra del Fuego sino de toda la Argentina.
El otro, son las obligaciones que legalmente vienen impuestas en materia de salud del personal docente, producto de las cuales el Estado debe garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo, prevenir riesgos psicosociales, incluida la violencia laboral e implementar protocolos de actuación ante agresiones.
“Si bien se confirma la plataforma fáctica planteada en la denuncia, no pareciera en cambio que nos encontremos ante el escenario que allí se describe respecto de la presunta inacción estatal, ya que la cartera educativa ha adoptado acciones en los dos frentes mencionados”.
Sin embargo, el Fiscal observa que “queda en evidencia que no se ha elaborado un procedimiento que aborde el asunto de manera integral. En efecto, a poco de leer el documento, se advierte que los principales aspectos tratados se limitan al control de accesos, el registro obligatorio de las/los ingresantes, la espera, autorización y acompañamiento, las reuniones programadas, el auxiliar policial y las excepciones por urgencia”.
“Nada se dice, en cambio, respecto a otras acciones básicas de índole preventiva, tales como la capacitación del personal para la desescalada de los conflictos, el manejo de las crisis, el seguimiento de los incidentes, la creación de canales de comunicación alternativos, la integración de este protocola con las acciones de sensibilización, etc.”.
Por ello, el informe concluye que “el Estado debe institucionalizar herramientas legales pendientes, como los Consejos Escolares de Convivencia y programas de prevención del acoso” y “desarrollar un plan integral y sostenido que garantice espacios de aprendizaje seguros y proteja la integridad de toda la comunidad educativa”.