| 24 de agosto

Denuncia penal por contratación irregular del avión que llevó a Cristina a las Islas Seychelles

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical de La Rioja (UCR – La Rioja), Julio Martínez, presentó este jueves una denuncia penal contra el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, por violación de los deberes de funcionario público, por la contratación irregular, directa y sin licitación, por la suma de 880.0000 dólares de un avión privado usado en la gira presidencial que Cristina Kirchner realizó por Cuba y Asia, en enero de este año. La denuncia quedó radicada en el Juzgad

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical de La Rioja (UCR – La Rioja),  Julio Martínez, presentó este jueves una denuncia penal contra el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, por violación de los deberes de funcionario público, por la contratación irregular, directa y sin licitación, por la suma de 880.0000 dólares de un avión privado usado en la gira presidencial que Cristina Kirchner realizó por Cuba y Asia, en enero de este año. La denuncia  quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. 
Destacó Martínez que “el avión, un Global Express 7000 fue contratado a la empresa broker Chapman Freeborn, que tiene relaciones comerciales directas con empresas que exploran y explotan petróleo en nuestras Islas Malvinas, tales como Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas y Oil Response, y tiene asignado por el Ministerio de Defensa Británico,  el puente aéreo UK-Malvinas”.
La contratación viola le ley 26.659 que establece que el “estado no podrá contratar con personas físicas y jurídicas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina”, dijo Martínez.
Afirmó que, “una vez más, quedan en evidencia las contradicciones del relato kirchnerista: sobreactúan la cuestión Malvinas, insultando a Cameron, pero contratan las empresas británicas para los vuelos de la Presidente a los paraísos fiscales”.
“Es por ello que considero necesario que la justicia investigue las responsabilidades penales de los funcionarios que realizaron dicha contratación”, concluyó Martínez.
 
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