El Decreto de Emergencia Económica dictado en el Municipio de Río Gallegos abrió una discusión inevitable en Tierra del Fuego. Aunque se trate de una medida municipal, dejó en evidencia cómo reaccionan los gobiernos no alineados con la Casa Rosada cuando los números dejan de cerrar: la falta de gestión, la ausencia de diálogo con Nación y las decisiones tomadas desde la ideología terminan trasladando el ajuste directo al ciudadano. Y en Tierra del Fuego, hoy, esa realidad es cada vez más difícil de disimular.
En la provincia no hay un decreto que lo admita, pero los síntomas del deterioro están a la vista: salarios estatales congelados en términos reales, pérdida constante de poder adquisitivo, áreas que trabajan con presupuestos mínimos, servicios que se sostienen apenas y un sistema de salud que muestra signos de agotamiento. Los empleados públicos lo viven todos los días y no por teorías económicas, sino por la simple realidad de que el sueldo alcanza cada vez menos.
El acampe de ATE frente a Casa de Gobierno, instalado hace apenas unos días, expuso esa situación sin vueltas. No fue una medida aislada ni un gesto simbólico: fue la reacción a meses de desgaste, de paritarias que no compensan la inflación y de un deterioro que se acumula en cada sector del Estado. El conflicto docente sigue abierto y la tensión se extiende por toda la administración pública.
Mientras tanto, el Gobierno provincial habla de “modernización institucional”, pero en la práctica lo que aparece es recorte, parálisis administrativa y un Estado que funciona con lo mínimo indispensable. El contraste entre el discurso oficial y lo que ocurre en las oficinas, hospitales y escuelas es tan evidente que ya nadie lo discute puertas adentro.
En ese contexto llegó un mensaje político que retumbó en toda la provincia: Gustavo Melella no fue invitado a la reunión de gobernadores con el presidente Javier Milei. Lejos de quedar en una formalidad, la ausencia fue explicada por el propio Milei con una frase directa: “Hay gobernadores que no entienden que 2 más 2 es 4”. La señal apuntó a los mandatarios provinciales alineados con Cristina Kirchner, que siguen atrapados en debates ideológicos mientras la situación económica exige gestión concreta, negociación y acuerdos reales. Entre ellos, colocaron a Melella.
Ese mensaje se interpretó rápido en Tierra del Fuego, especialmente entre los trabajadores estatales: con ideologías no se llena el carrito del supermercado. Los discursos no pagan salarios, no garantizan servicios y no resuelven la vida de nadie. La crisis que atraviesa la provincia no proviene de las decisiones de la Nación, sino de una conducción local que no lee lo que ocurre en el territorio y que apuesta a un relato que ya no sostiene la realidad económica.
El Gobierno provincial cuenta con una mayoría legislativa alineada, ocho parlamentarios que acompañan cada iniciativa, pero esa estabilidad política interna no alcanza para frenar el deterioro. Los trabajadores lo sienten en sus sueldos, los usuarios lo ven en los servicios y las propias dependencias estatales reconocen que están operando al límite. Mientras Santa Cruz decidió sincerar su situación con un decreto, Tierra del Fuego sigue avanzando sin admitir que está transitando la misma pendiente.
La pregunta que recorre la provincia es simple y directa: ¿cuánto más se puede sostener un salario congelado y un Estado en retroceso mientras el Gobierno insiste en una ideología que no resuelve absolutamente nada? Porque en definitiva, la frase que dejó flotando el Presidente no es técnica ni compleja, pero choca de frente con la realidad local: cuando un gobernador no entiende que 2 más 2 es 4, el costo lo paga la gente.