El Cuerpo de concejales de Ushuaia sancionó por mayoría, durante la 8ª Sesión Ordinaria del año, una Minuta de Comunicación dirigida a la gobernadora de la Provincia, Fabiana Ríos; el intendente Federico Sciurano y el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Mediante el documento, los ediles capitalinos expresaron su solidaridad con los trabajadores municipales procesados recientemente por su participación en la protesta sindical del 17 de diciembre de 2012, contra la posibilidad de recortes de fondos coparticipables a los municipios, en el marco de las distintas interpretaciones sobre la Ley 648.
Se trata de veintiséis manifestantes; 19 afiliados al Sindicato de Camioneros, entre ellos su máximo referente en Ushuaia, Daniel Capdevila; 6 trabajadores municipales y un jubilado, que participaron en las numerosas protestas callejeras en defensa de la autonomía de la Municipalidad de Ushuaia.
En ese marco, la jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo procesó a los 26 manifestantes por considerarlos presuntos responsables del delito de "daños", por la destrucción de ocho paneles vidriados de la Casa de Gobierno, más la destrucción del asfalto por la quema de maderas y neumáticos que se produjo ese día.
Durante la última Sesión Ordinaria, el Cuerpo deliberativo en su mayoría, a excepción del concejal Silvio Bocchicchio (PSP), expresó "la más profunda preocupación por las respuestas que se han producido en relación a las últimas protestas sociales realizadas el 17 de diciembre de 2012", al considerar que "la queja es un derecho al igual que la huelga, y por lo tanto merece ser considerada como una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas, lo único posible en una sociedad que se precia de ser democrática".
"La violencia de arriba genera violencia abajo; por lo que es indispensable reconocer que la madurez de un Gobierno debe centrarse en prevenir desbordes que se producen por falta de respuestas", sostiene la Minuta de Comunicación sancionada por el Parlamento, para agregar que "una sociedad construida entre todos y para todos, debe ser resguardada con prudencia, equidad, diálogo y mesura, única forma de convivencia".
Para finalizar, el documento que será remitido a la Gobernadora de la Provincia, el Intendente capitalino y el Superior Tribunal de Justicia, advierte que "nuestra historia está plagada de hechos de violencia e injusticia social. Debemos entonces agotar las instancias de diálogo, de participación y fundamentalmente de vocación de servicio para un pueblo que merece más equidad".
"Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores municipales, entendiendo que la protesta social no debe ser criminalizada, sino comprendida en los términos de derecho de una Constitución Nacional que nos abraza a todos", concluye la Minuta de Comunicación.