Que a esta altura de los acontecimientos el único consenso que exista en torno al Instituto Provincial Autárquico de Seguridad Social (IPAUSS) sea la crítica situación que atraviesa tanto en materia previsional como asistencial, como dijera el ministro de Economía de la Provincia, Christian Ruíz, no es motivo de dicha para el escenario sociopolítico fueguino.
No es motivo de dicha porque, más allá de la conciencia que ello implica sobre el delicado estado del IPAUSS, si el único consenso existente es en la etapa del diagnóstico, en tanto que a la hora de activar los mecanismos institucionales para mejorar progresivamente el estado del Instituto no hay un mínimo acuerdo sobre el rumbo a seguir entre los distintos actores involucrados, podemos decir que lo que fracasa es la capacidad de diálogo, entendimiento y trabajo, necesarios todos, para contribuir a la reversión del sistema previsional y asistencial de la Provincia.
Sin embargo, no podemos omitir ciertos detalles. En un mundo globalizado, donde la velocidad de circulación de los acontecimientos y las noticias se multiplica exponencialmente, podemos advertir que la crisis que atraviesan los países de la Unión Europea derivó en un cuestionamiento al Estado Benefactor que predomina desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la implementación del Plan Marshall en diversos países del viejo continente. Un Estado Benefactor que se caracterizó y aun se caracteriza por un intervencionismo estatal en la economía a través de un direccionamiento de la inversión privada y el control de ciertas variables de la macroeconomía, más una política asistencial que tienda a disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres. Con mejor o menor eficiencia en la asignación de los siempre escasos recursos de la economía, esta política, que fuera cuestionada por visiones monetaristas o austríacas de la economía, el keynesianismo la mantuvo férreamente como defensor de estos Estados interventores que tuvieron y tienen en los sistemas de jubilación de reparto el baluarte de la igualdad y la dignidad para la población de la tercera edad. Pero con la crisis enfrente, países como Francia, Italia, España, entre otros, observando en qué deberían focalizar sus reformas, advierten que los sistemas de jubilación de reparto se mantienen anticuados para los tiempos en que vivimos y por ende, debe aumentarse la edad jubilatoria, además de los puntos porcentuales de aportes a la seguridad social. En conclusión, uno de los más fuertes baluartes del Estado Benefactor europeo se ve amenazado por esta crisis que parece no menguar a pesar de todas las señales que (equívocamente) envían los gobiernos europeos a los organismos financieros de crédito.
Que en Tierra del Fuego no se discuta la sustentabilidad del sistema significa no discutir uno de los elementos básicos al analizar la crisis del IPAUSS. Pero las razones pueden (y más que probablemente sea así) diferir, puesto que si no se discute la sustentabilidad del sistema previsional y asistencial es porque la crisis que atraviesa es meramente circunstancial, en el sentido de resolverse acomodando los números del debe y del haber en la cuenta del presupuesto. Pero si el problema yace en lo estructural, esto es, en las 40 jubilaciones por día que ingresan, como dijo el titular del Ministerio de Economía, y en el déficit que se acumula mes tras mes, año tras año, gobierno tras gobierno; quizá debamos enfrentar una discusión como la que provoca tantos temores justificados en la Europa que teme perder uno de los valores que en economía ha dado tanto que hablar: el de la dignidad para la tercera edad mediante un sistema de reparto.