Asociaciones de Cooperativas reclamaron en la Cámara de Diputados que no se derogue la Ley 11.390 donde están contemplados eliminen los beneficios impositivos ya que generaría un fuerte “perjuicio” para el sector. El reclamo se debe a que la ley de Hojarasca promovida por el Gobierno Nacional y que tuvo dictamen de comisión, contemplaba la derogación de esa antigua ley y, en especial,, el artículo 5 que establece exenciones sobre los impuestos al sellado y timbre para los actos de constitución de la cooperativos, y sobre el valor de los edificios y construcciones.
Su reclamo, realizado en la Comisión de Asuntos Cooperativos que preside Aldo Leiva, fue aceptado luego por el oficialismo, que aceptó eliminar este punto de dictamen sobre la Ley Hojarasca.
El secretario de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos (Conaice), Bruno Rodríguez, pidió que se mantenga “la exención que plantea la Ley 11.380 y que se quite del proyecto actual, por el perjuicio que generaría en las cooperativas”.
“Solicitamos que se ponga en resguardo a nuestras entidades cooperativas de esta nueva imposición tributaria”, señaló.
En tanto, Néstor Fiumano, de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), también consideró que la derogación de la Ley 11.380, “implicaría un costo muy adicional al impuesto que se llama Fondo de educación y capacitación cooperativa”.
A su vez, el titular de la Federación Argentina de Entidades de la Salud Solidaria (Faess), Pablo Rodofili, dijo que se debe “discutir el régimen tributario cooperativo pero hay que realizarlo con seriedad y no derogando una norma, sin cambiarla por otra”.
Con polémica por la falta de debate, el oficialismo logró de manera exprés la firma del dictamen de mayoría del proyecto de Ley Hojarasca que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y obsoletas.
Disconforme con la celeridad con la que el oficialismo cerró el debate, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Diego Giuliano, reconoció que dentro del paquete de normas que el Poder Ejecutivo pretende derogar, hay otras derogaciones que tocan temas “sensibles” y requieren de un abordaje más profundo, consultando a los sectores involucrados.
“Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, de una depuración de normas obsoletas, pero estamos frente a una intervención de mayor alcance del Poder ejecutivo que incide sobre el modelo del Estado y las prácticas y orientación del Estado”, subrayó el legislador.
“Por otro lado, han dejado pasar leyes que sí deberían haber sido analizadas para su derogación. Dejaron vigente la ley de telégrafos de la presidencia de Avellaneda, en tiempos de la Inteligencia Artificial”, criticó, y lamentó que desde el Gobierno hayan hecho “un dispendio de la administración”.
Según denunció Giuliano, “quieren tocar temas sensibles que tienen que ver con la educación, la salud y la cultura”, y además “han incorporado otras normas que merecen ser analizadas con mayor seriedad, como la cuestión cartográfica”.
También reprochó que se busque derogar la ley de producción pública de medicamentos, que reduce costos del sistema sanitario y garantiza el acceso a los medicamentos”, y también se pretenda eliminar la norma sobre control sanitario de la lepra, cuando existen “300 a 400 casos” de esa enfermedad en la última década.
Otros temas que despertaron la advertencia del legislador de UxP son la derogación de la ley de apicultura y del Consejo Federal de Juventud.