La reforma laboral, cuya media sanción votó el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra, si bien constituye, a priori, un triunfo del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, genera las mismas dudas y precauciones que iniciativas que se publicitaban como la panacea para alcanzar el tan ansiado crecimiento económico y terminaron siendo fuegos de artificio mediático. Al igual que con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral puede ser inerte a los fines perseguidos.
El RIGI, cuya creación buscaba generar incentivos y facilidades para captar inversiones en el país, registró, hacia fines de 2025, diez proyectos aprobados con una inversión acumulada estimada en poco más de 25 mil millones de dólares. El 98% de las inversiones se orientaron a sectores como minería y energía, beneficiándose provincias como San Juan y Catamarca, con proyectos de explotación de cobre y litio, respectivamente; y Mendoza con una iniciativa de un parque solar. Además, para el mes de octubre había 22 proyectos presentados pendientes de aprobación en el marco del RIGI. Si bien la minería alcanzó una participación récord en el volumen de exportaciones totales, con 5.900 millones de dólares, no hubo sectores que pudieran igualar y mucho menos alcanzar el impacto que el RIGI tuvo en aquel sector. Por otra parte, pese a los ingentes beneficios impositivos y la estabilidad normativa por 30 años que tendrían los proyectos que se implementen en el marco del RIGI, se registró la salida de empresas multinacionales, como HSBC, ExxonMobil y P&G, alegando procesos de reestructuración de carteras globales. Existe, asimismo, el caso de la Planta de Gas Natural Licuado (GNL) que llevaría adelante la petrolera malaya Petronas y que implicaría una inversión de 40 mil millones de dólares en la zona de Punta Colorada, provincia de Buenos Aires y que fue relocalizada hacia la provincia de Río Negro en un contexto de disputas políticas con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien Milei calificó, a mediados de 2024, de ‘comunista’, razón que incidiría en que la petrolera no realizaría la inversión allí. Petronas, finalmente, a fines de abril de 2025, anunció que no construiría la planta regasificadora y pondría a disposición barcos factoría para procesar el gas extraído del yacimiento Vaca Muerta, en cercanías de la costa patagónica. La firma asiática alegó incertidumbre e inestabilidad macroeconómica como las principales razones para desistir de semejante inversión que, como se advirtió en el monto, sería superior a todos los proyectos aprobados en el marco del RIGI.
La reforma laboral puede correr similar destino. Incluso, el asesor laboralista del Gobierno Nacional, el abogado Julián De Diego, si bien defendió la redacción de la norma, anticipó que los cambios en la legislación laboral no provocarían la creación de puestos de trabajo, dado que para ello tiene que haber un período sostenido de crecimiento económico. Vale acotar que no especificó a cuánto tiempo se refería cuando habló de un período sostenido de expansión. De Diego, amén de lo expuesto, avizoró tensiones judiciales por la conflictividad de los cambios que trae aparejada la norma, en caso de ser aprobada definitivamente en la Cámara de Diputados. En este sentido, afirmó que los procedimientos judiciales son provinciales y las soluciones pueden variar según la jurisdicción, suspendiendo la vigencia del nuevo marco normativo que, aparte, puede entrar en colisión con tratados internacionales de derechos humanos y convenios obligatorios suscriptos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Si bien los funcionarios de primera línea del Gabinete Nacional sostuvieron que la reforma laboral va a operar, por un lado, formalizando trabajadores y, por el otro, creando nuevos puestos de trabajo al otorgar facilidades para la contratación; no existen previsiones respecto de cuántos nuevos empleos podrían generarse con la nueva legislación laboral. En sintonía con el RIGI, se genera un marco legal con facilidades de todo tipo que no tienen impacto positivo en la economía.
En lo político también pueden hacerse distintas lecturas tras la media sanción. Quedó claro que el peronismo sigue sin poder conformar un polo opositor que sea eficaz y que pueda responder a las iniciativas oficiales. El radicalismo, en tanto, reflejó una vez más su comodidad como aliado de La Libertad Avanza (LLA) pese a los embates que Milei dedica al centenario partido. Así como sirvió de furgón de cola de Juntos por el Cambio (JxC) entre el 2015 y 2023; hoy se ubica nuevamente en esa posición, pero sin formalizar un esquema de alianzas electorales, aunque en términos parlamentarios le permite a LLA gozar de la aprobación de varias iniciativas emblemáticas.
Pese a que falta el debate y la eventual aprobación en Diputados, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, adelantó que el texto que buscarán que se sancione es el que salió del Senado, en una inequívoca señal que no aceptarán más cambios al texto. Una reforma laboral que sufra más recortes podría provocar la ira oficial, tal como sucedió con las leyes de emergencia pediátrica y universitaria incorporadas en la Ley de Presupuesto 2026 aprobada por el Congreso a fines de 2025. De producirse más cambios, lógicamente el texto volverá al Senado y la dilatación del trámite parlamentario puede generar rispideces en un oficialismo que, pese a los triunfos, no deja de tener sus internas políticas.