El 3 de enero de 1833, el Reino Unido de la Gran Bretaña inicia la ocupación ilegal de las Islas Malvinas mediante una operación militar que empleó dos buques de guerra y expulsó a los argentinos que vivían allí. Dicha invasión, que persiste hasta la actualidad, atravesó por distintas etapas a lo largo de la historia. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Comité de Descolonización, reconoció la existencia de un conflicto en 1965, instando a las partes a negociar una resolución del diferendo.
El 26 de agosto de 1833, un grupo de gauchos y criollos al mando de Antonio Rivero tomó por asalto las casas de Puerto Soledad y las embarcaciones británicas, en donde asesinaron a cinco personas que trabajaban para los usurpadores e izaron la insignia patria, situación que se mantuvo hasta el 7 de enero de 1834, cuando los británicos tomaron nuevamente posesión, esta vez definitiva, de las islas. El gobierno argentino denunció dicha agresión injustificada que incluyó el desalojo de la población de origen argentino y a las autoridades legítimamente constituidas.
Existen distintos argumentos que fortalecen la posición argentina para reclamar las Islas: el principio uti possidetis iuris, que define que las posesiones de las antiguas colonias pasan a ser parte de los territorios emancipados; la toma de posesión efectiva de las Islas Malvinas tras la Declaración de la Independencia en 1816, que deriva en la designación de Luis Vernet como gobernador; e incluso tratados como el de Tordesillas que confirma la posesión previa española. Asimismo, en el orden geográfico, las Islas Malvinas se encuentran dentro de la plataforma continental argentina, poseyendo una estructura geológica similar a la de Tierra del Fuego. Las islas en disputa están unidas a la Patagonia mediante un cordón montañoso submarino que no supera los 155 metros de profundidad. Incluso la Enciclopedia Británica afirma esta conexión geográfica, afirmando que se hallan conectadas por una meseta submarina.
Si bien no son de amplia difusión, la Primera Junta surgida por el voto de los vecinos de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 despacha un expediente en relación a la solicitud de sueldos complementarios del capitán Gerardo Borda, último gobernador español de las Islas Malvinas. El acto administrativo, vale aclarar, fue suscripto por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, y el secretario, Juan José Paso, el 30 de mayo. El 13 de enero de 1813, en tanto, se registra un pedido de autorización elevado por el ciudadano Enrique Torres, que solicitaba cazar lobos marinos estando a bordo del bergantín El Rastrero. En la primavera de 1818, por otro lado, el foquero Espíritu Santo se abastece en Puerto Soledad, para seguir rumbo a la Isla Decepción, en la Antártida. En 1820, al tomar conocimiento de la caza indiscriminada que se producía en las Islas y sus alrededores, el director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Rondeau, ordenó la partida de un oficial que se hiciera cargo del gobierno en las Islas Malvinas. Este oficial es el corso estadounidense al servicio del Río de la Plata, David Jewet, quien toma posesión del cargo izando la bandera argentina y lanzando una salva de 21 cañonazos, habiendo reunido a los capitanes de buques fondeados en la zona, entre ellos el marino británico James Weddell. Este hecho toma relevancia histórica ya que, al haber acatado la designación y la toma de posesión del cargo por parte de Jewet, representa un reconocimiento de la autoridad y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Como se advierte, la Cuestión Malvinas es un tema que, por el trasfondo histórico, trasciende ideologías y partidos políticos. Sin embargo, ha habido en las últimas décadas situaciones polémicas, como el envío de peluches de un conocido dibujo animado por parte del entonces canciller Guido Di Tella, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, con el preludio de los Acuerdos de Madrid de 1990 que reanudaron las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido tras la guerra de 1982 y que permiten, en esencia, la actividad británica en las Islas y sus alrededores con participación argentina. Durante los años 2000, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, si bien el discurso subió de tono en materia de reclamo de la soberanía, los Acuerdos citados mantuvieron su vigencia. Con la llegada al poder de Mauricio Macri, el Acuerdo Foradori – Duncan (por el vicecanciller Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan) firmado el 13 de septiembre de 2016 buscaba avanzar en asuntos concretos, como vuelos y conectividad aérea, actividad científica en la Antártida, conservación y preservación de recursos pesqueros, entre otros aspectos. Sin embargo, este acuerdo, al igual que los de Madrid de 1990, no implican ningún tipo de acción concreta por parte del Reino Unido, más bien perpetúan y legitiman el accionar británico en una región que no es suya. El acuerdo que implica “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, representa el summum de una redacción entreguista.
La presidencia de Javier Milei no sólo ahondó en una vocación de colocar entre paréntesis el reclamo soberano, sino que el propio mandatario ha vulnerado la línea histórica que han sostenido los diferentes gobiernos al afirmar que la soberanía es negociable bajo los términos que deseen los isleños. Esta aclaración representa un retroceso de magnitud, dado que la propia ONU desconoce a los isleños como sujetos de derecho por constituir una población implantada, motivo por el cual no pueden expresar sus deseos de autodeterminación y, cuando lo hacen, no lo hacen en esos términos sino como súbditos de la Corona Británica trasladados a las Islas, no como población originaria. Esta idea no es nueva en el presidente Milei: ha sido manifestada en distintas oportunidades, generando el rechazo de distintos sectores políticos y de los ex combatientes que consideran que el jefe de Estado incurre en traición a la patria.
Resulta preocupante la falta de visión estratégica acorde con el marco jurídico vigente pero también la incapacidad de reacción del arco político para poder hacer frente a esta mirada del mileísmo que atenta y conspira contra décadas de trabajo diplomático que, pese a las particularidades de algunas gestiones, ha demostrado ser lo suficientemente sólida para concitar el respaldo de gran parte de las naciones del globo en los órganos multilaterales y de diálogo global.