En un nuevo aniversario del regreso a la democracia, los gobernadores piden menos democracia "suspendiendo" las PASO


El pedido de suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que firmaron los gobernadores de 23 provincias el pasado viernes y que se reflejó en la presentación esta semana del proyecto formalmente en el Congreso, representa una grave decisión en términos de institucionalidad democrática y deja en evidencia la incapacidad del Gobierno nacional para garantizar mínimos y elementales protocolos sanitarios. 


Los gobernadores firmaron un acuerdo fiscal más tendiente a perjudicar al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que a generar pautas de trabajo en común de cara a resolver los graves desequilibrios fiscales y de coparticipación existentes; y adosaron un pedido al presidente Alberto Fernández solicitándole la suspensión de las PASO que deberían celebrarse en 2021 con vistas a los comicios de renovación parlamentaria. 


Resulta paradójico que recurran a presuntos argumentos sanitarios, cuando el ministro de Salud que también oficia de fallido Oráculo de Delfos, Ginés González García, sostuvo que para el primer trimestre de 2021 podrían ser vacunadas contra Covid-19 alrededor de diez millones de personas. Incluso, a mediados de noviembre, el propio presidente Fernández especuló con que antes de fin de año, alrededor de trescientos mil personas podrían recibir las dosis de la vacuna desarrollada por Rusia, la Sputnik V, dejando las declaraciones de González García como parte de las negociaciones con AstraZeneca. 


Resulta, entonces, tragicómico, que mientras el presidente y el titular de la cartera sanitaria sostiene que para marzo dispondríamos de dos vacunas contra el Covid19, opten por habilitar el tratamiento de la discusión de la suspensión de las PASO alegando razones que ellos mismos intentan echar por tierra. ¿Acaso nos mienten diciendo que para marzo podrían tener las vacunas? ¿Acaso admiten que no tienen la capacidad de diseñar protocolos sanitarios (después de meses en los que obligaron a respetar una cuarentena que nos lleva a la peor crisis socioeconómica de la historia argentina? 


Por otro lado, la discusión en torno al "costo" de la democracia es inviable: no podemos medir la democracia en sí mismo como un elemento cuantificable. Si bien podemos advertir que, ante la falta de participación en elecciones existen puntos a reconsiderar, en sí misma, la vigencia de un sistema democrático no puede ser medida en términos netamente economicistas. 


Es verdad de perogrullo afirmar que las PASO requieren mejoras. Resulta confuso (y en esto sí podemos decir que se parecen más a una gran encuesta) que aquellos partidos que presentan lista única no participen de la contienda. También podemos establecer que haya más flexibilidades para garantizar la participación de partidos y, hasta incluso, podemos plantear la factibilidad de permitir que ciudadanos independientes participen o que los partidos no deban alcanzar un piso porcentual específico para poder ir a una elección en general. Pero todo esto no requiere de la eliminación (o suspensión como prefieren decir los impulsores de esta iniciativa pese a que la historia argentina nos muestra sobrados ejemplos de suspensiones provisorias no tan provisorias). Más bien, requiere que los legisladores finalmente se sienten a legislar y dejen de contemplar una bella existencia con asesores por doquier en una torre de cristal alejados de las preocupaciones del resto de los mortales. 


La democracia es un valor en sí mismo, cuya vigencia no puede ser medida. Su falta sí es medible: en menos libertades, menos garantías, menos derechos. Precisamente lo que abundó en los discursos por el aniversario del regreso a la democracia celebrado el pasado jueves 10 de diciembre. Tamaño homenaje hicieron los gobernadores que pidieron menos democracia. 


 

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