| 27 de agosto

Lechman lamentó las declaraciones Tita y pidió dejar «de buscar fantasmas y miren la pésima redacción de la Ley 1.529»

“En vez de buscar fantasmas, golpistas o pensar que el mundo político y judicial está conspirando contra el Gobierno de la Provincia, deberían mirar hacia adentro y responsabilizar a quienes redactaron la Ley 1.529, porque ahí reside el problema: en la pésima redacción que violenta nuestra Constitución provincial. Tenemos un 50% de pobreza en Tierra del Fuego y me parece que algunos están fuera de eje y quieren hacernos creer que una reforma es la salvación», afirmó el legislador de Somos Fueguinos (SF), Jorge Lechman.

En diálogo con Radio Provincia, Lechman se refirió al allanamiento realizado el pasado jueves en la Casa de Gobierno, ordenado por la Justicia provincial, relacionado con la posible comisión de un delito en la emisión del decreto de convocatoria a la convención constituyente para reformar unos 70 artículos de la Carta Magna provincial. También se le preguntó sobre las declaraciones del Jefe de Gabinete, Agustín Tita, respecto a la judicialización de la política.

Lechman lamentó las declaraciones de Tita, calificándolas como propias de alguien que no comprende la historia de Tierra del Fuego. Recordó que hay antecedentes de allanamientos en gobiernos anteriores, como el del ex gobernador José Estabillo, lo que demuestra que no existe una conspiración contra la gestión de Gustavo Melella, sino problemas que surgen desde la propia administración.

Cabe destacar que Lechman, como ciudadano, presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia que, finalmente, ordenó suspender la convocatoria de los convencionales constituyentes con la firma de sus cinco miembros y otorgó al Ejecutivo provincial un plazo de 30 días para responder a las demandas planteadas por el integrante de la fuerza política.

«Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto nace mal desde el momento en que la legislatura saliente, en diciembre de 2023, aprobó una reforma sobre tablas que luego se convirtió en la Ley 1.529, para la convocatoria a la reforma de la Constitución. Ahí empieza todo mal, cuando se redacta una ley que violenta artículos de nuestra Constitución provincial, lo cual nos motivó a hacer nuestra presentación», dijo Lechman.

El parlamentario aseguró que «no hay ninguna otra motivación en nuestra presentación más que el respeto a nuestra Constitución provincial. La verdad es que salir de ese eje es inapropiado. Puedo tener muchísimas opiniones respecto a lo sucedido posteriormente, pero mi motivación como ciudadano y como legislador es el respeto a la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego».

La cuestión de fondo, según Lechman, es si la Ley Provincial Nº 1.529 es constitucional o no. En relación con la denuncia penal presentada por el ex concejal de Río Grande, Paulino Rossi, Lechman consideró que, si se comprueba la falsificación de un documento público, lo cual podría ser motivo de un juicio político al gobernador, «esto va mucho más allá y lastima en profundidad a la sociedad y a la política de Tierra del Fuego que un simple pedido de juicio político, que cualquier ciudadano, por cualquier motivo que considere válido, puede presentar. Me parece mucho más grave que eso, porque es violentar la confianza de un pueblo en aquel a quien le depositó su voto para generar bienestar. La verdad es que sería más grave. Ni siquiera me preocupa la posibilidad de un juicio político, sinceramente lo digo. Creo que es mucho más dañino».

Lechman enfatizó que «Exijo el cumplimiento de nuestra Constitución provincial. Lo que quiero es que Gustavo Melella cumpla la Constitución de la provincia. Y también quiero que, si mi apreciación es equivocada, aquel que es el árbitro me diga: ‘no, mire, usted está equivocado por esto, por esto y por esto’. Por eso recurrimos al árbitro, que en este caso es el Poder Judicial. Cuando la política no se puede poner de acuerdo, cuando un ciudadano como yo, además con la obligación de velar por la Constitución como servidor público, ya que soy legislador de la Provincia, no encuentra la solución sobre una posible inconstitucionalidad, debo recurrir al árbitro, que en este caso es el Poder Judicial; además, estoy obligado por mi función a hacerlo».

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