"Con 16.800 pesos no puede vivir nadie en Argentina", criticó el Defensor de la Tercera Edad en relación al aumento decreto por el Gobierno Nacional

El Defensor de la Tercera Edad de la Nación, Eugenio Semino, se refirió con fuertes críticas al aumento que decreto el Gobierno Nacional para jubilados y pensionados, que fue dado a conocer esta semana y es poco más del 6 por ciento a partir del mes de junio. En declaraciones efectuadas a Radio La Red de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que "Con 16.800 pesos no puede vivir nadie en la Argentina, y mucho menos cuando el sistema político dice que hay que cuidar al adulto mayor". 
 
También indicó que, por la pandemia de Covid-19, "hace dos meses que estamos pidiendo el testeo en los geriátricos y se nos muere gente todos los días. No les damos plata, ni tranquilidad ni salud", afirmó y apuntó con sus críticas al Congreso de la Nación por negarse a discutir una nueva Ley de Movilidad. 
 
Sobre el aumento percibido, Semino planteó que los haberes de jubilados y pensionados han sido variable de ajuste de las distintas gestiones. "La fórmula suspendida por decreto le había hecho perder a los jubilados y pensionados en la era de Mauricio Macri en 2018, 2019 el 19,5% del poder adquisitivo de su haber", dijo.
 
Sin embargo, reconoció que esa fórmula permitía para este año, según Semino, tener más aumentos. El defensor señaló que quienes cobran la mínima recibieron en marzo un monto mayor a lo estipulado pero no los que perciben un monto superior a la mínima. Para junio, Semino aclaró que el aumento en base a la ley de Movilidad correspondía al 10,9% pero finalmente fue de 6,12%.
 
Frente al ajuste, en los primeros días de la semana próxima adelantó Semino que se presentará una ampliación del reclamo colectivo que se había hecho contra la recomposición otorgada en el mes de marzo y que había sido definida, al igual que la del sexto mes del año, de manera arbitraria por el Poder Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández. Junto con esa presentación se pedirá la habilitación de la feria judicial, es decir que se hará una solicitud para que el tema sea considerado sin que se espere a la finalización del período de restricciones causadas por la cuarentena .
 
"Planteamos la inconstitucionalidad porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las personas mayores establece que no puede haber recortes de derechos de los adultos mayores y acá hay una clara regresividad de derechos", finalizó el Defensor de la Tercera Edad. 
 

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