Experiencia histórica y desafíos argentinos para los trabajadores

El Día del Trabajador en Argentina, al igual que en muchos otros países, se conmemora como homenaje a los conocidos como Mártires de Chicago, obreros industriales de esa ciudad de los Estados Unidos que fueron ejecutados el 4 de mayo de 1886 en los incidentes de Haymarket Square como corolario de una huelga iniciada el 1 de mayo en reclamo de una jornada laboral de ocho horas. Pese a ser una fecha inicialmente aprovechada por los movimientos comunistas y anarcoizquierdistas para reivindicar sus banderas, hace ya muchas décadas pasó a constituir una jornada que socialdemocrátas y laboristas reconocen por su importancia a la hora de reflexionar sobre los derechos de los trabajadores. 
 
El trabajo, los derechos de los trabajadores y la legislación laboral constituyen objeto de estudio desde los mismos orígenes de la idea de país que tenían Domingo Faustino Sarmiento o Juan Bautista Alberdi. Mientras el sanjuanino sostenía a la educación como distintivo de la civilización en franca contraposición con la barbarie del campo y la "holgazanería", célebre en la obra Facundo, Civilización o Barbarie; el tucumano optaba por la educación de utilidad para los habitantes de este territorio, con caminos, puentes, infraestructura. En resumen, la oratoria del abogado reivindicada por Sarmiento contra la practicidad del ingeniero sostendida por Alberdi, algo paradójico si consideráramos que Alberdi era abogado. Esteban Echeverría  con Matadero; José Hernández con el Martín Fierro; incluso Julián Martel con La Bolsa; son todas obras de finales del siglo XIX que retrataron la Argentina que se organizaba institucional, política y geográficamente pero en materia laboral sufría cambios también provocados por la conformación demográfica. 
 
Si bien Alberdi en sus Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina no sólo planteaba la necesidad de promover la inmigración extranjera sino que directamente abogaba por una legislación que sirviera a tal fin, la mayoría de nuevos habitantes provino de España e Italia, con una menor proporción de la esperada de alemanes, suizos o escandinavos, que era la expectativa inicial de quienes gobernaban el país en esta etapa. Estos inmigrantes, muchos con experiencia laboral en la Europa que ya había atravesado numerosos conflictos por el auge de las ideas socialistas y anarquistas como fue el movimiento insurreccional de la Comuna de París en 1871 que dio a la capital francesa un gobierno socialista autogestionario desde mediados de marzo hasta fines de mayo; no sólo trajeron a la Argentina la laboriosidad que demostraron en numerosos ámbitos sino que también manifestaron sus reclamos por condiciones laborales que aseguraran un bienestar. A tal punto llegó la penetración anarcoizquierdista en algunos gremios, como el de panaderos, que en una huelga en 1888 se denominó a las facturas con nombres como sacramentos (en burla de la Iglesia Católica), vigilantes (no cabe explicación alguna) o cañoncitos (en alusión al Ejército). 
 
Si bien la represión dominó el escenario político de vinculación entre el Estado y los movimientos obreros, se produjeron algunos intentos a aproximación a la situación obrera. El proyecto de Ley de Código del Trabajo que elaboró y presentó el entonces Ministro del Interior, Joaquín V. González, o el estudio encargado a Juan Bialet Massé que derivó en la publicación de El Estado de las Clases Obreras; son algunas de las respuestas que de a poco intentaba dar el régimen gobernante aún con limitaciones para entender los cambios que se suscitaban. Roca, en sintonía con la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, intentaba generar en legisladores una preocupación por la cuestión social, aunque no dejaba de atribuir ciertas acciones a intereses que no tenían nada que ver con la Nación Argentina. 
 
Comunistas, socialistas, anarquistas: fueron estos movimientos engrosados con inmigrantes que provocaron la sanción de la Ley de Residencia para expulsar del país a extranjeros que cometiesen delitos. Uno de los acontecimientos que enturbió los festejos por el centenario de 1910 y que no fue más que la gota que rebasó el vaso en relación a la conflictividad que arreciaba en el país desde fines del siglo XIX y principios del XX, fue el asesinato de Ramón Falcón, comisario emblemático de la represión que ejerció el régimen oligárquico sobre diversos sectores. Precisamente, Falcón había sido quien encabezara la fuerte represión contra trabajadores en ocasión de la manifestación por el Día del Trabajador en 1909. Pese a que anarquistas y socialistas hicieron sus concentraciones en locaciones separadas, Falcón se dedicó a esperar pacientemente pero decidido a minimizar la expresión de las protestas, objetivo que cumplió cuando manifestantes lo reconocieron e iniciaron los incidentes que terminarían con once obreros muertos y más de ochenta heridos. Sin embargo, unos días después nuevamente habría una fuerte contienda dado que agentes de la Policía Federal "innovaron" en el arrebatamiento de los féretros de los fallecidos para evitar una nueva protesta. Es en esta ocasión que Falcón obtiene una victoria pírrica porque cuatro mil manifestantes logran llegar al Cementerio de la Chacarita en donde darían el responso final. Agentes policiales comenzaron a atacar a balazos a los manifestantes, provocando una huelga general de parte de las centrales sindicales, la UGT socialista y la FORA anarquista, en lo que pasó a la historia como la Semana Roja. En estas protestas se encontraría un inmigrante ruso anarquista, Simón Radowitzky, que se convertiría en el símbolo de la lucha desde su condena cumplida en el tristemente célebre Penal de Ushuaia pero también de las limitaciones de un régimen que seguía siendo oligárquico y no mostraba señales de renovación en lo político e institucional. 
 
Esa renovación del sistema llegaría en 1912 con la sanción de la conocida como Ley Saenz Peña por su impulsor, el entonces presidente Roque Saenz Peña, quien decide con dicho cambio del régimen electoral la oxigenación del régimen imperante como mecanismo de supervivencia. Aunque seguían sin poder ejercer sus derechos políticos mujeres y extranjeros, el avance que se había producido respecto del anterior régimen electoral era notorio. En la provincia de San Juan, por ejemplo, una facción radical gobernante conocida por cantonismo, impulsó el voto femenino de manera temprana, pero su ejemplo no cundió en otras jurisdicciones, quedando como experiencia limitada. Si bien esto podría ser relativizado porque cuatro años después triunfaría Hipólito Yrigoyen gracias al nuevo sistema electoral, la oligarquía que había ascendido al poder y cuya máxima expresión sería el unicato de Julio Argentino Roca, recién volvería a gobernar mediante golpes de Estado para los cuales no dudaron en recurrir a estrategias de complicidad con sectores eclesiásticos, empresariales, militares y hasta civiles. 
 
Si bien con el triunfo de la Unión Cívica Radical en 1916 se produciría el momento cúlmine de renovación del sistema político al incorporar a sectores medios profesionales que conformaron en gran medida al partido gobernante, esta mayoritaria adhesión no implicó la exclusividad del beneficio de las políticas que el radicalismo promovió y que convirtieron al partido en una maquinaria de masas, pese a ciertos episodios que deben ser analizados tras la lente del contexto internacional: la semana trágica en los Talleres de Krieger Vasena y el fusilamiento de obreros de estancias de la Patagonia. En ambos casos, el temor del arco político por un golpe de Estado como el que se produjo en Rusia en 1917 contra la dinastía zarista y el accionar a miles de kilómetros del centro del poder de un militar, el teniente coronel Héctor Benigno Varela, que había sido enviado por el presidente Yrigoyen a pacificar y acercar posiciones y terminó siendo vitoreado por los terratenientes que prestaron sus tierras para el fusilamiento de obreros rurales; generan la duda pero también otorgan el beneficio de la duda sobre los roles que adquirieron los distintos actores del sistema político, sobre todo el radicalismo gobernante. Marcelo Larraquy, en su libro Marcados a Fuego: La Violencia en la Historia Argentina, al respecto, indaga en el aislamiento sufrido por Varela tras regresar de Santa Cruz y su estancamiento en la carrera militar. Para un presidente como Yrigoyen que no hablaba más que por gestos y de quien incluso no se conocen discursos en gran cantidad, podríamos inferir con gran acierto que su reacción consistente en ignorar a Varela y despreciarlo a la hora de promover ascensos militares, es consistente con el rechazo a las acciones que el militar llevó adelante en las estancias patagónicas. 
 
De lo que no quepa duda es que con el ascenso de Yrigoyen también se dio pie a grandes avances en la legislación laboral, en derechos para los trabajadores y en el rol mediador de la autoridad estatal en conflictos laborales, logros que compartieron tanto Yrigoyen cuanto su sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear. La jornada laboral de 8 horas, los primeros regímenes jubilatorios que garanticen un sustento tras el retiro, derechos de sindicalización, fueron algunos de los avances producidos por el radicalismo gobernante hasta su derrocamiento el 6 de septiembre de 1930. Años antes, Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América, sería el autor de la Ley de Descanso Dominical, mientras que también se sancionaba legislación para horas de amamantamiento y protección del trabajo en sus diversas formas. 
 
Tras los años 30 con la interrupción de la democracia, la aparición del peronismo y el empate en el que las fuerzas democráticas y antidemocráticas sumían al país en una espiral progresiva de violencia que alcanzaría los niveles máximos de terror en los años 70 con el accionar de organizaciones terroristas de izquierda y fuerzas armadas dispuestas a responder con sadismo, la Argentina se vería en una encrucijada paradójica. Mayor ocupación de la industria y mayor tecnificación acompañada con más derechos laborales, pero con niveles inflacionarios que prácticamente ningún gobierno logró domar. 
 
El peronismo, si bien en los años 40 fue sinónimo de defensa de los derechos de los trabajadores, negó ciertos derechos, como el de huelga, que sería recién incorporado como derecho constitucional de los trabajadores en la Reforma de 1957 a instancias del convencional radical Crisólogo Larralde, destacadísimo dirigente del partido a quien debemos que tan importante medio de reclamo como es la huelga tenga rango en la ley máxima de los argentinos. Su corta vida no minimiza su legado, pero sí nos deja con el gran interrogante de lo que hubiera podido acontecer internamente de haber podido avanzar en sus actuaciones. Similar destino toca a una figura póstumamente reivindicada como es la de Moisés Lebensohn, quien tuvo no sólo un legado ideológico visible en la Declaración de Avelllaneda cuyo contenido fue tan radical que hasta avanzaba sobre cuestiones que el peronismo primigenio no sostenía. 
 
Hugo Gambini en su Historia del Peronismo, relata los vejámenes sufridos por trabajadores socialistas y comunistas a instancias de las torturas infligidas por el comisario Cipriano Lombilla en la temida Sección Especial de Investigaciones de la Policía Federal. Incluso Lombilla se vanagloriaba de la teorización sobre la tortura afirmando que "el arte de la tortura es no matar, poniendo en juego sobre la mesa la vida de una persona en pos de obtener una confesión". La huelga de telefónicas de 1949 es paradigmática en este sentido por haber allanado más de veinte domicilios y haber torturado mujeres embarazadas, tal el caso de Nieves Boschi de Blanco, quien perdió a su hijo y le fue aplicada la picana eléctrica, invento de Leopoldo Lugones (h.) y quien haría uso de dicho elemento en la Década Infame para torturar radicales, socialistas y hasta al propio Natalio Botana que había ayudado a conspirar contra el radicalismo yrigoyenista. 
 
En los años 60 y 70, el empate de fuerzas si bien se tradujo en una conflictividad importante, sobre todo a partir de la combinación de la proscripción del peronismo y de la represión de las huelgas que buscaban visibilizar problemáticas sociales y económicas que cada vez se hacían más patentes. El viborazo y el cordobazo son las expresiones locales de un movimiento que en el mundo incluyó el Mayo del 68 en Francia y los levantamientos contra el comunismo soviético de Europa oriental. Aunque con diferencias que iban reflejando las particularidades nacionales y regionales, en Argentina la lucha de organizaciones que optaron por la violencia como medio de imposición de un nuevo sistema político y económico acorde más con la Cuba de los Castro y su revolución triunfante en 1959, en detrimento de otras organizaciones que pugnaban por un proyecto democrático. El golpe de Estado de 1976 fue el corolario de procesos que venían gestándose, algunos desde 1946 con el ascenso de Perón, otros desde 1930 e incluso desde 1916, pero todos con un final trágico que representó la noche, larga, oscura y siniestra, del alba de un nuevo día: el 10 de diciembre de 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín y una democracia que cumple 37 años. 
 
Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De La Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, se han sucedido en el período de mayor democracia que vivió la Argentina en su historia. Si bien hubieron avances en algunas materias y durante algunos períodos, la pobreza estructural, el desempleo, la falta de infraestructura básica (gas, agua, cloacas, pavimento), siguen siendo deudas que el país no logra saldar. Alfonsín planteaba que con la democracia se come, se cura y se educa. No sabía que el desafío sería tan amplio que no podría cumplir. Pero sí sabía que la democracia es el único sistema que nos permite generar los cimientos para comer, curar y educar. La hiperinflación de fines de los ochenta dio paso a una ola privatizadora a mansalva y no carente de sospechas de corrupción de Menem que terminó siendo premiado por haber otorgado el "voto cuota" e inflación inexistente; De La Rúa prometió transparencia pero no logró salvar escollos sembrados tras la denuncia por coimas en el Senado. La depresión de 2001 y la devaluación de Duhalde de principios de 2002 que fue, junto al rodrigazo, el peor ajuste que sufrimos los argentinos, también significó el nacimiento de una etapa de concentración de los recursos y un centralismo ejercido desde Balcarce 50 en los años del kirchnerismo, pero administrando una bonanza que apenas empezó a esfumarse mostró las limitaciones de un relato incapaz de sacar a la gente de la pobreza, la indigencia y la falta de cloacas y servicios básicos. El conurbano bonaerense con sus múltiples partidos gobernados por el mismo partido desde 1983 como La Matanza siguen siendo bolsones de incapacidad y de Estado fallido del que nadie quiere hacerse demasiado cargo excepto a la hora de poder gobernarlo. 
 
Como todo proceso social, multicausal y complejo, la democracia que vivimos implicó e implica numerosos desafíos para la calidad de vida de los argentinos y sobre todo de los trabajadores. Argentina hoy tiene 6 millones de trabajadores asalariados en el sector privado, de los cuales el 97 por ciento pertenece al ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Estas cifras nos motivan a pensar en la existencia de políticas públicas focalizadas en tan vasto sector de la economía. Más no es esa la realidad y tampoco las perspectivas motivan a elucubrar algún cambio en las políticas de Estado. Tanto los derechos laborales cuanto la vinculación que poseen el capital y el trabajo y cómo el Estado en tanto administrador de los intereses en pugna actúa; así como los cambios suscitados por el avance de las tecnologías y la robotización en segmentos de procesos productivos que afectan a cada vez más áreas de la economía; han quedado desactualizados pues desconocen muchos de los cambios que se produjeron en el mundo en los últimos cuarenta años. La irrupción de nuevas tecnologías de información y comunicación, la importancia de facilitar procesos burocráticos (ineludibles pero muchas veces de inefable extensión), son problemas que deben ser abordados porque son la garantía de pensar una economía y un mercado laboral con un enfoque inclusivo que hasta ahora es inexistente. 
 

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