¿Un Convenio Colectivo hecho a medida de los funcionarios designados en planta permanente por Bertone?

La firma el jueves por la tarde del Convenio Colectivo de Trabajo entre la gobernadora Rosana Bertone y gremialistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) es un hecho que amerita una especial atención dada la premura con que se intentó mostrar un logro que no es tal. No se dio a conocer el texto definitivo que se firmó (pues las versiones que circulan por redes sociales no son definitivas); se le otorga estabilidad laboral a funcionarios políticos que fueron designados en planta permanente pasando de subsecretario a administrativo en un santiamén; y se otorga status legal a la obligatoriedad de contribución "solidaria" en lo que es una afiliación encubierta a gremios como ATE severamente cuestionados por el accionar de una dirigencia como la de Carlos Córdoba. En pocas palabras, sindicalistas y funcionarios diseñaron un andamiaje jurídico cuyo fin último es el de asegurar límites (u obstáculos) a la gestión entrante de Gustavo Melella. 
 
Se trata de un andamiaje que, argumentan, viene siendo trabajado desde la gestión de Hugo Cóccaro, quien asumió tras la destitución de Jorge Colazo en 2005 (curiosamente hoy nuevamente electo legislador por el Partido Verde y con polémicas de reglamento parlamentario incluidas en esta gran novela). Han querido algunos incluso comparar este Convenio Colectivo con el Megapase decretado por el entonces mandatario radical. Sin embargo, existe a las claras una diferencia más que importante dado que mientras en 2005 se optaba por otorgar estabilidad laboral a personas que percibían planes sociales con más de una gestión de antiguedad, hoy la prioridad pasa por darle estabilidad a secretarios y subsecretarios ingresados en los últimos meses y que denunciara oportunamente la vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, en declaracione3s efectuadas a diversos medios de comunicación de la provincia. 
 
Albert Einstein sostenía que si un asunto no puede ser explicado es que no se ha entendido. También se dice que si no se puede explicar sencillamente es que hay un interés en que no se entienda lo que se explica. Y, por último, podemos también decir que si algo tan beneficioso para los trabajadores como es un Convenio Colectivo no se hizo antes, es porque el beneficio que se pretenda otorgar es más para un grupo de interés como son los funcionarios recientemente designados. No puede soslayarse, sin duda, la importancia de la rúbrica de un Convenio Colectivo para la administración pública fueguina. No obstante los interrogantes son bastante sustanciosos: ¿Por qué no se firmó antes? ¿Por qué los mismos sindicalistas que se reunieron con el dirigente de Forja, Federico Runin, no plantearon la cercanía de la firma que hoy nos ocupa? ¿Por qué existe tanto secretismo evitando dar a conocer los términos y las condiciones plasmados en el texto? 
 

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