Chocobar por la noticia: Macri, Bullrich y el regreso de la Maldita Policía

El protocolo para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad que oficializara el presidente Mauricio Macri no es más que la continuación de una línea discursiva a tono con la tendencia regional: la ultraderechización de las políticas de seguridad aún desconociendo garantías constitucionales y principios del derecho penal. El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, que no sólo reivindicó la lucha contra la seguridad utilizando métodos de dudosa reputación, sino también ensalzando la tortura como cuando homenajeó al militar que aplicó vejámenes contra Dilma Roussef; pareciera ser el impulso que necesitaba el macrismo para instaurar una virtual pena de muerte al permitir a los agentes del orden disparar sin emitir una orden de alto y dejando a criterio discrecional el “riesgo” o “peligro” de la situación a la que se enfrentan. 
 
La dicotomía instalada mediáticamente entre “garantismo” y “mano dura”, como suele acontecer con los péndulos tan extremos, sólo sirven para facilitar la capacidad de dar respuesta por parte de los gobiernos. Por esto es que resulta una simplificación a problemas estructurales mucho más amplios que requieren de un abordaje integral que no siempre algunos están dispuestos a ofrecer, sobre todo en función de la urgencia de dar respuestas y la receptividad que pueden implicar dichas respuestas en un electorado deseoso, en algunos casos, de “soluciones”. 
 
No obstante ello, es imprescindible atender que cuando se habla de castigo, nos remitamos a la Constitución Nacional que refiere que las cárceles no son para castigo sino para rehabilitación. ¿Por qué no eligen algunos funcionarios mejorar el sistema de cárceles eliminando los visos de corrupción endémica que aquejan a tan importante eslabón de la seguridad? 
 
La polémica promete profundizarse en 2019: año electoral con un gobierno que se mueve entre el péndulo discursivo de los garrotazos de Patricia Bullrich y las zanahoras de la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley; la exigencia de respuestas por parte de un electorado que puede ser permeable a internalizar y/o aceptar políticas represivas sin contemplaciones por lo que el derecho penal, las garantías constitucionales y la experiencia histórica, muestran; configuran un panorama preocupante. 
 
Esta política de mano dura, contrariamente a lo que algunos consideren, ya ha sido aplicada y sus resultados fueron resumidos en una frase que fue tapa del semanario Noticias: “MALDITA POLICÍA”, con un primer plano del tristemente célebre comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Pedro Anastasio Klodczyk, que sintetizó en anécdotas sobre cargadores de armas vaciados en pleno centro de la localidad de Quilmes contra una persona la concepción de su rol de la mayor fuerza de seguridad de la Argentina. Una concepción maldita, que abarca desde la desaparición y asesinato de Miguel Bru hasta la imputación (con posterior absolución) de uno de los laderos de Klodczik, Juan José Ribelli, en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). 
 

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